727 veces visto, 2 hoy
Dña. Mª Luisa Gadea Nebreda, como Concejala y Portavoz de Alternativa Vecinal de Sopela, junto con EH Bildu y Elkarrekin Podemos haciendo suya la reivindicación del EHPM (Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria) al amparo de lo dispuesto en el artículo 97.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presentan ante este Pleno del Ayuntamiento de Sopela, con su posterior aprobación, lo siguiente:
MOCIÓN APOYANDO UNA DE NUESTRAS REIVINDICACIONES FUNDAMENTALES: GARANTIZAR QUE TODAS LAS PERSONAS PENSIONISTAS DISPONGAN DE UNOS INGRESOS MÍNIMOS DE 1080 EUROS EN 14 PAGAS.
Adjuntamos al presente escrito, el informe resumido que hemos elaborado y presentado en la comparecencia ante la Comisión de Políticas Sociales y Juventud del Parlamento Vasco en la que solicitamos y justificamos dicha reivindicación, cómo hacerla efectiva y la estimamos de su coste. El informe comienza con dicha demanda:
“Con el presente informe, elaborado por el EHPM-MPEH pretendemos impulsar nuestra demanda inmediata de establecer para el año 2023 la Pensión Mínima en 1080 euros. Esta demanda la dirigimos tanto al gobierno del Estado como a los gobiernos de la CAV y Navarra; a estos últimos además les demandamos que, mientras no se fije la pensión mínima que hoy está en 783 euros en esa cantidad, complementen dicha pensión mínima hasta 1080 euros en catorce pagas.
Con este informe damos un paso más en la explicación de nuestra demanda y calculamos una estimación económica del presupuesto necesario en la CAV y Navarra.”
Además, en dicho informe (como podrán ver) manifestamos que esta demanda es una necesidad social urgente y de justicia porque las instituciones públicas tienen la obligación de adoptar las decisiones precisas para garantizar a la ciudadanía unas condiciones de vida dignas; condiciones que en el caso de las personas mayores y pensionistas que no disponen de ingresos procedentes de su trabajo pasan por garantizar unos ingresos mínimos suficientes.
El establecimiento de la pensión mínima de 1080 euros reduciría considerablemente la brecha de género en pensiones. Las consecuencias de la NO revalorización de las pensiones en función del incremento del coste de la vida son manifiestas como se puede ver en el Informe pg. 13: “…constatamos que en los últimos años (2011 a 2023) el SMI se ha incrementado de 641,40 euros a 1080 euros y sin embargo la pensión mínima sólo ha aumentado de 601,40 euros a 783 euros. Las pensiones son sin ninguna duda salario diferido y su cuantía está directamente relacionada con los salarios que se perciben por lo que también la pensión mínima debe de tener como referencia el SMI. Es inaceptable que en 2011 la PM fuera el 93,7% del SMI y en 2023 sea el 72,5%.”
En el actual contexto de crecimiento exponencial del coste de la vida cada vez más pensionistas ven truncadas sus posibilidades de acceder a una vivienda saludable y adecuada a sus necesidades, una alimentación sana, garantizar su salud y la atención efectiva para paliar sus necesidades de atención a la dependencia etc. Hoy 167.718 personas pensionistas en la CAV tienen ingresos por pensiones por debajo de los 1080 euros, la inmensa mayoría de las cuales son mujeres.
La pensión mínima en todas sus variables tiene nombre de mujer. Es algo que se constata en la brecha de género que tiene como antecedente la desigualdad de salarios y la asignación unilateral de las mujeres al trabajo no remunerado o mal pagado en el ámbito de la reproducción y los cuidados.
Esta reivindicación de 1080, tiene la legitimidad que le otorgan las decenas de miles de personas que han participado y participan en nuestras movilizaciones desde hace más de cinco años.
Concluimos que no hay razón ni económica, ni política para no hacerlo y no podemos esperar un día más. Por ello, demandamos del pleno de la corporación municipal de Sopela la decisión de:
1.- Demandar al Gobierno y Parlamento de la CAV que complementen hasta 1080 euros por 14 pagas la pensión mínima de las personas pensionistas con efectos retroactivos a enero de 2023.
2.- Enviar al Gobierno y Parlamento de la CAV notificación de la decisión adoptada en el pleno de este ayuntamiento, con fecha 26 de octubre de 2023.