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Despues de casi un año de bombardeos y masacres incesantes contra la población palestina Israel sigue bombardeando intencionadamente en la franja de Gaza y en Cisjordania barrios residenciales, escuelas, campos de refugiados, hospitales, universidades y ambulancias. En este periodo el fiscal de la Corte Penal Internacional abrió investigaciones por crímenes de guerra y organizaciones de derechos humanos y agencias de Naciones Unidas urgen a que la comunidad internacional tome medidas urgentes para detener esta masacre.
A este respecto el 29 de diciembre, Sudáfrica denuncia ante la Corte Internacional de Justicia a Israel por genocidio. Un mes más tarte el mismo tribunal sentencia y ordena a Israel que evite el genocidio, reconociendose en esta sentencia que lo que está ocurriendo es un genocidio contra el pueblo palestino. Asimismo y posteriormente, Amnistia Internacional afirma que Israel desobedece la sentencia de la Corte Internacional que ordena evitar el genocidio al no permitir la llegada a Gaza de ayuda humanitaria adecuada.
Solo desde el 7 de octubre de 2023 han sido asesinadas en Gaza más de 48.000 personas, y alrededor de 80.000 han resultado heridas.El artículo I de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, de la que el Estado español es firmante, obliga a los estados a tomar medidas para prevenir y sancionar este tipo de crímenes contra la humanidad. Recordemos que además, este genocidio se comete contra un pueblo, el palestino, que lleva décadas sometido a un régimen de apartheid tal como denuncian Amnistía International y Human Rights Watch.
El embargo de armas es un paso necesario en esta dirección y una obligación no sólo moral, sino también legal, tal como se recoge en el marco jurídico español que prohíbe la venta de armas a países en conflicto o en los que se dan importantes vulneraciones de Derechos Humanos. Estas normas son:
1. Ley 532007 de 28 de diciembre sobre el control de comercio exterior de material de defensa y de doble uso.
2. Tratado sobre comercio de armas, ratificado por España el 17 de marzo del 2014.
3. Posición Común 2008 944 PESC del Consejo de 8 de diciembre de 2008 por la que se definen las normas comunes que rigen el control de las exportaciones de tecnología y equipos militares.
El Gobierno español ya ha tomado decisiones similares anteriormente, como suspender la venta de armas en Libia, en el año 2011, gobernando el PSOE; o la venta de material antidisturbios en Venezuela. Contamos incluso con un precedente de suspensión temporal de venta de armas a Israel en agosto de 2014. En esta fecha, bajo la Presidencia de Mariano Rajoy, Israel asesinó a 2.205 personas palestinas en Gaza, de los que 538 eran niños y niñas. Si en aquel momento, el embargo de armas estaba justificado, hoy se hace imprescindible.
Es importante entender este embargo de armas de manera bidireccional, es decir, es necesario prohibir tanto la venta como la compra de armamento y tecnología de seguridad a Israel. España compra muchas más armas a Israel de las que vende. Israel usa a Palestina, sobre todo la Franja de Gaza, como campo de experimentación para testar nuevas armas y métodos de represión que luego exporta para ser usados contra población civil alrededor del mundo.
Estos productos se publicitan como “probados en combate” y esto se ha convertido en un valor añadido en el mercado de la seguridad y la defensa internacional. La marca “probado en combate” que Israel promociona, hace referencia a productos que se han probado sobre la población civil palestina. Un genocidio debería rendir cuentas y no beneficios económicos.
Los gobiernos, no sólo del Estado español, sino también el Gobierno Vasco, el Gobierno Navarro y las administraciones locales tienen la responsabilidad y el deber de contribuir al mantenimiento de la paz y al respeto de los derechos humanos en todo el mundo y esto pasa por acabar con la impunidad de Israel ante sus sistemáticos crímenes contra el pueblo palestino.
Asegurar el cumplimiento de los derechos humanos es una obligación que se extiende a todos los niveles de la Administración como controlar la inversión pública en empresas cómplices de Israel. Si bien es cierto que los gobiernos nacionales y territoriales tienen un papel importante en la promoción y protección de los derechos humanos, los gobiernos locales deben estar a la vanguardia y garantizar el respeto de los derechos humanos para todas las personas.
Por todo esto, el Ayuntamiento de Sopela:
- Exigir un alto el fuego inmediato en Palestina e instar al Gobierno a asegurar la entrada y entrega de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, garantizando en todo momento la protección del personal humanitario.
- Denunciar todos los ataques contra la población civil y exigir el respeto al Derechos Internacional Humanitario y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, activando los mecanismos necesarios de la ONU para poner fin y castigar los crímenes de guerra y de lesa humanidad, incluyendo los crímenes de genocidio y apartheid.
- Reconocer que la ocupación colonial y el apartheid son las causas estructurales del conflicto y que la comunidad internacional debe de actuar y hacer cumplir las resoluciones de Naciones Unidas, el derecho internacional de los derechos humanos como garantía para la construcción de una paz justa y duradera.
- Suspender todas las relaciones institucionales con el gobierno israelí hasta que haya un alto el fuego definitivo, se garanticen los derechos humanos del pueblo palestino e Israel cumpla con el Derecho Internacional y las resoluciones de Naciones Unidas.
- Solicitar al Gobierno Vasco y al Gobierno Navarro que, al igual que hacemos desde este Ayuntamiento, exijan al Gobierno de España que cumpla con las obligaciones estipuladas en el marco jurídico estatal e imponga un embargo militar bidireccional a Israel, así como la suspensión de todos los programas de cooperación militar y de seguridad con Israel hasta que respete los derechos del pueblo palestino.
- Pedir al Gobierno Vasco, al Gobierno Navarro y al Gobierno de España que emprenda todas las medidas diplomáticas necesarias para detener los bombardeos y el asedio contra la Franja de Gaza, incluido un programa de sanciones contra el gobierno de Israel y sus responsables y la suspensión de relaciones diplomáticas con el Estado de Israel hasta que no cumpla con el Derecho Internacional y las resoluciones de Naciones Unidas.